Quienes se hallen en la tesitura de vender o alquilar un inmueble deberán familiarizarse, desde el próximo sábado, con esa parte del abecedario que, desde hace ya algunos años, luce en los electrodomésticos convencionales. De la A a la G y con una gama de colores que va desde el verde al rojo, esas letras marcan las bondades y carencias medioambientales de esos aparatos, del mismo modo que, a partir de ahora, los pisos deberán lucirlas en un papel oficial. Es el certificado energético, al que obliga un decreto del Gobierno central, que a su vez sigue las directrices de la normativa europea.
La ley fuerza a todos los inmuebles construidos antes del 2007 --para los de después ya se contemplaba-- a contar con ese documento, que los promotores de las transmisiones deberán tener al día y que será válido durante diez años. También deberán exhibir el certificado los edificios de titularidad pública de más de 250 metros cuadrados. Una exigencia que ha causado una pequeña revolución en el sector, pues el poco tiempo transcurrido entre la publicación del decreto gubernamental, el pasado 13 de abril, y su entrada en vigor ha pillado con el pie más o menos cambiado a unos y a otros.
Por ejemplo, al colectivo de arquitectos e ingenieros industriales, también los técnicos, que, en principio, es el facultado para llevar a cabo las certificaciones y que han visto en esta norma una indudable oportunidad de negocio. A estos profesionales habrá que recurrir para que califiquen "cómo de bien trabaja la vivienda en cuestión desde el punto de vista energético", como apunta el gerente de Calidad de Aragón y Cataluña de Cemex, José Luis Sáez. Explica que "el 40% de la energía que se consume en el mundo tiene que ver con la edificación, y de este porcentaje, el 80% tiene que ver con el uso de la vivienda, calentando o refrigerando la casa".
El dictamen pasa por que el técnico visite el domicilio en cuestión. Allí, como afirma el ingeniero técnico Luis Miguel Soler, de Red de Certificadores Energéticos, "en la eficiencia energética de una vivienda influyen muchos factores". Cámara termográfica en mano, Soler detalla que primero hay que ver los planos para saber cómo se construyó la casa. También es determinante el lugar y la orientación del edificio. Se impone asimismo, determinar el grado de aislamiento de la fachada, el porcentaje de huecos, su ventilación, el tipo de vidrio, qué calefacción y refrigeración se emplea, si cuenta con vuelos que protejan el piso, y así un largo etcétera. Respecto al precio del servicio y para desconcierto de los usuarios, no existen tarifas oficiales.
El decreto, aunque parte del Ejecutivo central, también afecta de lleno a la administración autonómica, que deberá crear y gestionar un registro de certificados energéticos. Su responsable será la directora general de Energía y Minas, Marina Sevilla. Reconoce que ese registro no estará el 1 de junio --"es imposible"--, si bien recuerda que "su no existencia no exime a los propietarios o promotores de la obligación de contar con él".
MÍNIMO HISTÓRICO Sevilla estima que, en Aragón, se firmarán unos 12.500 certificados anuales. Es un volumen "muy importante", a juicio de la directora general, pese a que la compraventa de edificios descendió en la comunidad, durante el último trimestre, a mínimos históricos, con tan solo 1.541 operaciones, frente a las 4.678 registradas en los últimos tres meses del 2012. Respecto al alquiler, la DGA cuenta con que en Aragón puede haber entre 42.000 y 45.000 pisos ofertados.
Como el resto de administraciones públicas, que levantan en la comunidad en torno a 400 edificios propios, el Ejecutivo aragonés afronta el reto de obtener el certificado para sus dependencias. Para ello, Marina Sevilla cuenta que se ha dispuesto un grupo interdepartamental compuesto por 27 personas, cuya misión es "poner en marcha el proceso".
